De la justicia

El Tribunal Superior de la Unión Europea declaró ayer que las llamadas vacaciones fiscales del País Vasco fueron ilegales (ver El Diario Montañés, 10 de Junio de 2011).

Sede del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo (Wikimedia Commons - autor: Ssolbergj)

Las vacaciones fiscales fueron parte de un paquete de ayudas que el Gobierno Vasco creó en los años 90, fueron denunciadas por la patronal y la Cámara de Comercio de La Rioja en 1994, y el propio Gobierno Vasco anuló el año 2000. Estas ayudas sirvieron para incentivar la creación de empresas en el País Vasco, en detrimento de territorios circundantes como Cantabria, creando una situación ilegal en el que se daba una clara competencia desleal que el gobierno español no quiso ver, y por el que puede pagar un alto precio en forma de multa millonaria.

La importancia de la sentencia no radica en la declaración de ilegalidad de dichas ayudas (el daño ya está hecho y las 300 empresas afectadas se quedarán en el País Vasco, cuando a igualdad de condiciones podrían haberse instalado en Cantabria, La Rioja o Castilla y León, creando empleo y riqueza en estas zonas; eso ya está perdido gracias a los gobiernos de Vitoria y Madrid). Según las diputaciones vascas las ayudas ya fueron devueltas (algo que por otra parte la Comisión Europea niega, diciendo que las empresas aún deben el 90% de las ayudas, por lo que recomienda la multa a España). Lo importante de la sentencia del tribunal de Luxemburgo, y que ya no puede ser recurrida ante ningún tribunal superior, es que apunta al corazón del resto de ayudas fiscales vascas, como las llamadas minivacaciones fiscales, que aún no se habían tocado.

En cualquier caso a efectos prácticos la sentencia no afecta a Cantabria, no va a crearse empleo por ello ni nuevas empresas se instalarán aquí. Pero no deja de ser una sentencia que debería abrirnos los ojos a lo que ocurre en los territorios forales: para atraer inversiones y crear empleo en detrimento de los territorios vecinos se escudan en su situación jurídica (legal en España, ilegal en la Unión Europea) y en la necesidad de los diferentes gobiernos españoles de apoyarse en los partidos vascos para sacar adelante políticas y presupuestos. En otras palabras, los diferentes gobiernos españoles (PSOE y PP) prefieren mirar para otro lado y pagar multas millonarias (que pagamos todos), dejando a sabiendas que se perjudique a parte de sus ciudadanos directamente (entre otros a los de Cantabria), para que los políticos vascos les apoyen en el Congreso de los Diputados.

Ésa es la clase de gobiernos y de políticas que nos llegan desde Madrid.

¡Hasta la regolvía!

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Sólo un cántabro preocupado por su tierra...
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